Lo que se derrama no es gasolina: es confianza

Lo que se vive en Bolivia por la gasolina en mal estado siembra: rabia, incertidumbre y una desconfianza que se pega como humo. Este no es un problema “solo técnico”. Es un golpe directo a la vida cotidiana y, sobre todo, a la credibilidad de quienes tienen la obligación de garantizar lo básico.

Cuando empezaron las denuncias de choferes y conductores con fallas mecánicas después de cargar combustible, mi reacción inicial fue la misma de mucha gente: pensar que se trataba de casos aislados, de exageraciones propias de un momento tenso. Pero el ruido no se apagó; se amplificó. No solo por los daños reportados, sino por lo que vino después: versiones que cambiaban, explicaciones que parecían ensayadas a medias, y una sensación persistente de que el ciudadano estaba enterándose tarde —o a medias— de lo que realmente pasaba.

Y ahí está el punto: cuando hablamos de gasolina, hablamos de un sistema nervioso nacional. El combustible mueve minibuses, micros, ambulancias, transportes escolares, buses, taxis, camiones que llevan alimentos, y el trabajo de miles de familias. Por eso, un lote fuera de norma no es un incidente menor: se convierte en crisis social casi de inmediato. El chofer que se queda con el vehículo dañado no está discutiendo política; está defendiendo su sustento. Y el usuario que no puede llegar a su empleo por bloqueos o por desabastecimiento tampoco está en un debate abstracto: está pagando el costo de un problema que no causó.

En medio de todo, me preocupa cómo se intentó encuadrar la discusión. Escuchamos explicaciones técnicas, sí; también se habló de responsabilidades previas, de fallas en la cadena, incluso de sabotaje o boicot.

Y no descarto que en Bolivia existan intereses capaces de ensuciar cualquier cosa, porque aquí el conflicto también es una industria. Pero me parece peligroso que la conversación pública salte tan rápido a la sospecha política antes de cerrar lo esencial: qué se distribuyó exactamente, dónde, por cuánto tiempo, por qué pasó, y quién responde por los daños.

Porque si algo está claro, es que el daño no se limita al motor de un vehículo: se extiende al tejido social. Cuando un Estado asegura que controla, que fiscaliza y que garantiza calidad, pero termina admitiendo que hubo combustible fuera de parámetros, lo que se derrama no es gasolina: es confianza.

La indignación por el resarcimiento no es capricho. Porque si un producto regulado, distribuido bajo responsabilidad estatal, ocasiona daños reales, no se puede pretender que el ciudadano cargue solo con la factura. Pero tampoco se puede improvisar una solución, porque en un país con desconfianza crónica siempre aparecerán vivos dispuestos a inventar daños. La salida tiene que ser seria y transparente: un mecanismo de reclamo claro, peritajes técnicos con criterios públicos, plazos definidos, y una ruta sencilla para que el afectado no tenga que peregrinar entre ventanillas.

Este episodio también desnuda otra fragilidad: el control no puede depender del escándalo. Si se anuncian controles “reforzados” después del problema, el mensaje implícito es duro: antes no estaban lo suficientemente reforzados. Y eso alimenta una idea peligrosa: que la normalidad funciona con el mínimo, hasta que algo revienta.

A veces pienso que lo más triste es lo acostumbrados que estamos a vivir al borde: filas, incertidumbre, rumores, parches. Esa costumbre nos vuelve vulnerables. Cuando ocurre una crisis de verdad, nos encuentra cansados, polarizados y sin reservas de credibilidad para creer en nadie. Entonces, cualquier versión se siente incompleta; cualquier explicación suena a excusa.

Yo no exijo perfección. Exijo seriedad. Exijo que una crisis así termine con un relato verificable: ¿qué falló?, ¿qué se decomisó?, ¿qué se corrigió?, ¿qué se sancionó?, y ¿cómo se evita que se repita?. Exijo datos y claridad, que al afectado se lo trate como ciudadano, no como enemigo, ni como peón de una disputa.

Porque al final, podemos discutir ideología todo lo que queramos. Pero hay mínimos que deberían ser sagrados: que el combustible que mueve al país cumpla norma, que los controles funcionen antes del escándalo, y que cuando el sistema falla, alguien responda de frente. Si eso no se garantiza, la pregunta que queda es incómoda: ¿qué otra cosa “normal” está funcionando mal sin que lo sepamos?

La gasolina en mal estado pasará; el país seguirá. Pero el derrame más caro no se limpia con comunicados. Se limpia con hechos. Investigación creíble, sanciones donde correspondan, reparación a los afectados y un sistema de control que no dependa del ruido para activarse. Todo lo demás —culpas cruzadas, discursos, sospechas— solo deja una mancha más profunda: la de una confianza que, una vez rota, tarda mucho en volver a encender.