Cuando las excusas pierden toda credibilidad ante la inconsistencia de los hechos
La reciente controversia que derivó en la censura y destitución del Ministro de Economía por la adquisición de un vehículo de alta gama deja una lección preocupante sobre cómo se pretende evadir el control institucional mediante justificativos de forma.
Frente a los cuestionamientos y la indignación ciudadana, el exministro Jose Gabriel Espinoza intentó minimizar el hecho argumentando que se trataba de un «documento privado con un simple error de número». Sin embargo, esa explicación pierde toda credibilidad al chocar frontalmente contra la realidad jurídica y el deber de transparencia.
Intentar restar gravedad al asunto calificando el contrato como un borrador privado ignora un principio elemental del derecho: el documento fue elevado ante un Notario de Fe Pública. Al contar con la intervención notarial, el acto adquiere validez formal, plena fe pública y oponibilidad ante terceros. Pretender justificar la alteración o inconsistencia en la cuantía de una transacción económica elevada como un «desliz de redacción» resta total veracidad al discurso de la autoridad y resulta inaceptable en la administración de la cosa pública.
El aspecto más delicado de este caso no es la cifra del papel, sino la falta de correlación patrimonial. Cuando se contrasta la cuantía real del vehículo con la información registrada en la declaración jurada de bienes y rentas de la autoridad, surgen dudas razonables sobre la solvencia y el origen de los fondos. La ciudadanía tiene el derecho irrenunciable de exigir que los ingresos declarados oficialmente ante la Contraloría respalden el estilo de vida y las adquisiciones de quienes ejercen el mando.
Una censura parlamentaria o una destitución del cargo son salidas políticas necesarias, pero insuficientes. Ante indicios claros de incoherencia patrimonial y manipulación de documentos notariados, las instituciones llamadas por ley, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, deben iniciar de inmediato una investigación de oficio, transparente e independiente. Es indispensable fiscalizar la trazabilidad de los recursos y la veracidad de las declaraciones juradas para descartar la comisión de delitos de enriquecimiento ilícito o falsedad.
Gobernar exige sobriedad, pero ante todo coherencia moral. Resulta indefendible que reiteran un discurso de austeridad y economía quebrada del estado, mientras desde el poder se realizan gastos ostentosos que contradicen ese mismo relato. La fe pública y la ética no se pueden moldear con excusas sin credibilidad. Cuando las cuentas y las acciones de una autoridad no encajan con sus propias declaraciones juradas, la única respuesta institucional admisible es la investigación caiga quien caiga.
