Ejercicio ilegal de la abogacía
junio 1, 2020 Carlos Conde Rojas

Resulta inimaginable para muchos, que existan personas ofreciendo servicios profesionales sin serlo, es así que acuden a consulta sin desconfiar del documento que ven colgado y enmarcado en la pared de la oficina que visitan; irónicamente es la abogacía una de las profesiones en las que más se evidenció esta actividad ilícita de falsificación de títulos profesionales.

Muchos estudiantes que en las pasantías hallaron práctica dejaron de lado la conclusión de sus estudios, pero realizan actividades propias de un abogado titulado, adicional a ello varios tramitadores hacen gala ante sus futuros patrocinados de una profesión que no estudiaron. Mas, con el tiempo cuando este ilícito sale a la luz, el perjuicio ocasionado se traduce en la anulación de obrados a fojas cero, y con ello se hace evidente la pérdida de tiempo, dinero e incluso documentos importantes para el proceso.

Una medida que recomendamos en Conde Rojas & Asociados para evitar la problemática señalada, es la verificación del registro correspondiente del abogado en el RPA  https://rpa2.justicia.gob.bo/#/Busqueda Sitio en el que con solo introducir nombre y apellido podrá constatar que el profesional se encuentra empadronado y habilitado tal cual lo establece la Ley Nº387 del Ejercicio de abogacía.

Al respecto del ejercicio ilegal de una profesión, el código Penal establece lo siguiente:

Art. 164 “El que indebidamente ejerciera una profesión para la que requieren título, licencia, autorización o registro especial, será sancionado con privación de libertad de uno a dos años”.

Art. 198, “El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterase uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.

Art. 199, “el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años. En ambas falsedades, si el autor fuera un funcionario público y las cometiera en el ejercicio de sus funciones la sanción será de privación de libertad de dos a ocho años”.

Art. 203, en cuanto al uso de instrumento falsificado expresa: “El que a sabiendas hiciera uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuera autor de la falsedad”.

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